Rodrigo
Daniel Blanco Amarilla

Candidato a Diputado

Lista 2 PLRA

Partido Liberal Radical Auténtico


Hijo de cuestionado ministro de la Corte Rodrigo Daniel Blanco Amarilla

El actual concejal luqueño Rodrigo Daniel Blanco Amarilla (PLRA), hijo del polémico ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, fue electo diputado por Central. El mismo fue salpicado en varios casos muy sonados, como en el asesinato de su secretaria en el 2014. Como edil en Luque, se opuso a varios proyectos "millonarios" de la intendencia.

Abogado de profesión, ingresó al Poder Judicial en abril de 1999. Ocupaba el cargo de jefe en el Departamento de Auditoría Interna. No se le incrementó el salario, pero recibió un plus para compensar las horas extras de trabajo como asistente de un ministro de la Corte.

En el 2014, el hijo del ministro de la Corte, percibió una remuneración mensual de G. 6 millones como asesor de la Cámara de Diputados, según las planillas publicadas en aquel entonces. Testigos, aseguran que al político "nunca no se lo vio por los pasillos de la sede legislativa".

El expresidente Federico Franco firmó el decreto 10.622 por el cual nombró a Rodrigo Blanco como director general de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura y Ganadería. También trabajó como jefe de Gabinete de su propio padre en el Poder Judicial.

El intermediario

El 2007 habría intervenido para que su exsuegra, la empresaria María Cristina Sosa vda. de Pane, fuera sobreseída en un caso de estafa pese a estar acusada por Fiscalía.

En 2010, también se lo tuvo como intermediario para el “blanqueo” del exfiscalizador de Hacienda Miguel Roberto Gaona Nacimiento, envuelto en un caso de coima, en lo que fue una grosera “cocinada” de la cual participó también su padre. A su vez, Rodrigo fue indagado por un intento de venta de un fallo a un oriental por el entonces fiscal Francisco De Vargas, exministro del Interior.

En el caso Carlos Sosa Palmerola, principal procesado por el robo de unos US$ 14 millones de la referida entidad financiera de Ára S.A. de Finanzas, Blanco habría tenido injerencia en el proceso de liberación, para que su padre vote a favor de la cuestionada resolución ficta. Sin embargo, el diputado electo señaló en aquel entonces "que ni siquiera conocía" al acusado.

El concejal luqueño en varias ocasiones fue sindicado como “operador” en procesos judiciales donde interviene finalmente su progenitor.

Caso Gariazu

En octubre del 2014, fue hallada muerta Verónica Gariazu, quien se desempeñaba como secretaria en el buffet de abogados del concejal Rodrigo Blanco. La joven de 29 años de edad, acusó varios impactos de bala y fue abandonada dentro de su propio vehículo en una zona alejada del centro de Luque.

Algunos familiares de Gariazu, señalaron durante el proceso de investigación y del juicio oral y público en el 2017, que Blanco tuvo "algo que ver" en la muerte de Verónica, incluso alegaron que se trataba de una "quema de archivos", ya que aparentemente, la joven, manejaba la agenda personal del parlamentario, además de sus reuniones políticas.

Sin embargo, Rodrigo Blanco, pasó a ser un testigo más, cuyo testimonio aportó para encontrar culpable a la principal sospechosa del crimen, Ninfa Morales, amiga de Verónica.

Su paso por la Junta Municipal

Blanco Amarilla fue electo como concejal de Luque por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el 2015. En ese mismo año hasta diciembre de 2016 ocupó la presidencia de la Junta Municipal.

Uno de los cuestionamientos a su gestión fue la compra de las "camionetas de oro" adquiridas por el intendente cartista Carlos Echeverría. Tanto el edil como su colega también liberal Francisca Franco denunciaron públicamente una sofrefacturación en la adquisición de los vehículos.

El titular de la Junta, en aquel tiempo, incluso presentó una nota a la intendencia con los documentos que respaldaban el precio real de los rodados para el público en general comparado con lo presupuestado para la Comuna luqueña, el cual era exageradamente elevado.

También, votó en contra de la aprobación de la tercerización del cobro de impuestos en Luque, aprobada en diciembre del 2016, apenas dejaba el cargo de presidente de la Junta Municipal. Al Respecto señaló que presentaría una acción de inconstitucionalidad, pero hasta la fecha, a casi dos años, no lo hizo.

También rechazó varios otros proyectos del jefe comunal Echeverría, basándose en la Ley Orgánica Municipal y la Constitución Nacional.